Aumento presidencial en tiempos de crisis

El reciente aumento del salario presidencial en el Perú ha generado controversia no solo en el plano político, sino también en el económico. En un contexto de recesión, alta informalidad laboral y profundas brechas sociales, esta medida ha despertado críticas por su oportunidad y pertinencia. La presidenta de la República pasó de percibir un ingreso de 16 mil nuevos soles a uno superior a los S/35.568 mensuales, lo que representa un aumento de más del doble. El monto contrasta fuertemente con el salario mínimo vital del país, que actualmente es de S/1 130 y no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica familiar, calculada en aproximadamente S/1 816 para un hogar de cuatro personas.

La economista Stefani Lizbeth Huamán Chalco, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), advierte que este tipo de decisiones no solo representan una carga simbólica, sino también un uso cuestionable del presupuesto público en tiempos de crisis. Desde una mirada técnica, el gasto público debería estar enfocado en mejorar el acceso a servicios básicos de calidad para la población. “Actualmente estamos en recesión económica, por lo que el gasto público debería priorizar la financiación de bienes, servicios y obras que atiendan las necesidades urgentes del país. Sin embargo, aparentemente las prioridades del gobierno están un poco distorsionadas respecto a esas necesidades”, señala la especialista. El incremento salarial presidencial, según explica, no responde a las demandas sociales más apremiantes y envía un mensaje contradictorio en momentos donde gran parte de la población exige mayor equidad.

Más allá del impacto directo en las arcas del Estado, la medida también afecta la percepción del gobierno, tanto a nivel interno como internacional. “El aumento puede generar percepciones negativas que dañan la credibilidad de la gestión económica. Internamente, podría percibirse como un acto de ostentación y falta de empatía frente a las necesidades ciudadanas. A nivel internacional, podría interpretarse como una señal de falta de responsabilidad fiscal, lo que afectaría la confianza de inversores y socios comerciales”, agrega Huamán Chalco. La imagen del país ante los mercados y organismos multilaterales puede verse comprometida cuando decisiones de este tipo contradicen principios básicos de prudencia económica.

Otro efecto colateral que podría derivarse de esta medida es una presión para incrementar otras altas remuneraciones dentro del aparato estatal. Si bien ya existían funcionarios públicos que percibían ingresos mayores al de la presidenta antes del ajuste, el nuevo monto podría generar una “nivelación” informal que incentive demandas similares en el Congreso o en otros organismos. La especialista advierte que este tipo de precedentes podría desordenar la estructura salarial en el sector público, abriendo la puerta a nuevos aumentos sin una evaluación técnica clara.

El contraste entre el nuevo sueldo presidencial y la realidad de la mayoría de peruanos también resulta alarmante. En el Perú, más de 9.4 millones de personas que vendría a ser el 27.6 % de la población, vive en situación de pobreza monetaria, y de ese grupo, al menos 5.5 % enfrenta pobreza extrema, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Este tipo de decisiones genera un clima de injusticia social. Gran parte de la población se esfuerza a diario por sobrevivir con el sueldo mínimo, que no cubre las necesidades de una familia promedio. La brecha entre el salario de la presidenta y el ingreso del ciudadano común se amplía, afectando la percepción de equidad”, enfatiza la economista.

Finalmente, desde una perspectiva técnica, si bien el aumento presidencial no representa por sí solo una amenaza directa a la estabilidad fiscal, sí implica un costo de oportunidad importante. “Implica dejar de destinar recursos públicos a otras prioridades. En una economía en recesión, este tipo de decisiones puede generar desafíos fiscales, según la política que adopte el gobierno en el mediano plazo”, concluye Huamán Chalco.

El debate no debe centrarse únicamente en el monto del aumento, sino en el mensaje que transmite: en tiempos de crisis, cada decisión sobre el gasto público debe ser coherente con la realidad del país y las demandas de su población. El manejo responsable de los recursos del Estado es fundamental para sostener la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad económica en un entorno cada vez más desafiante.

Asimismo ante esta situación el especialista de economía Jorge Gonzalez Izquierdo mencionó lo siguiente “es claramente inconveniente e inoportuno tanto al nivel económico, como nivel político. Hay un principio económico que dice la remuneración, el salario refleja la productividad, pienso que el salario que se le va a dar a la presidenta está por encima de la productividad como mandataria del país. Además esto va influir en los demás sectores pidiendo también aumento, te has aumentado más de 20 mil soles, pues yo también quiero , los trabajadores de sueldo mínimo van a comenzar a reclamar, los jubilados 19990 también van a empezar a reclamar creando así inestabilidad económica” concluye Joger Gonzalez.

¿Puede el país sostener el nuevo sueldo presidencial? Una mirada desde la economía

• ¿Considera que el aumento del sueldo presidencial representa una carga innecesaria para el presupuesto nacional en el contexto actual del país?

• Respuesta: completamente, el gasto del presupuesto público debería traducirse en mejores accesos a servicios básicos de calidad para la población; además, estamos actualmente en recesión económica, por lo que, el gasto público debería estar enfocado a financiar bienes, servicios y obras que satisfagan las necesidades prioritarias del país. Sin embargo, aparentemente las prioridades del gobierno están un poco distorsionadas con respecto a las necesidades del país.

• ¿De qué manera podría esta medida afectar la percepción del manejo económico del gobierno, tanto a nivel interno como internacional?

• Respuesta: El aumento salarial a la presidenta, en el contexto de la gestión económica, puede generar percepciones negativas tanto a nivel interno como internacional, afectando la credibilidad del gobierno y generando desconfianza en sus políticas económicas. Internamente, podría percibirse como un acto de ostentación y falta de empatía con las necesidades ciudadanas, especialmente en el caso peruanao donde prevalecen los problemas económicos y desigualdades sociales. A nivel internacional, podría interpretarse como una señal de falta de responsabilidad fiscal y un manejo inadecuado de los recursos públicos, impactando negativamente la confianza de inversores y socios comerciales.

• ¿Este aumento salarial podría generar un efecto dominó en el aparato estatal, presionando por alzas en otras altas remuneraciones públicas?

• Respuesta: si bien ya existían funcionarios públicos con salarios mayores al de la presidenta (antes del incremento), actualmente se podría decir que existe una suerte de “nivelación” salarial con respecto a los primeros. Sin embargo, esta decisión podría generar un interés de incrementar los salarios de otros funcionarios públicos, por ejemplo los congresistas.

• ¿Qué implicancias tiene este tipo de decisiones para la equidad económica en un país con alta informalidad y desigualdad salarial?

• Respuesta: en el Perú, la remuneración mínima vital es inferior al valor de la canasta básica familiar, partiendo de allí podríamos inferir la brecha de desigualdad económica que existe, además, considerando los altos índices de pobreza, informalidad y subempleo. En ese sentido, el incremento de salario de la presidenta a más del doble, genera un clima de injusticia social para la población trabajadora que se esfuerza a diario por recibir, en la mayoría de casos, solamente el sueldo mínimo, que como ya hemos mencionado no es suficiente para sostener los gastos de una familia.

• ¿Desde una perspectiva técnica, este aumento podría perjudicar la estabilidad fiscal o el clima económico del Perú a mediano plazo?

• Respuesta: el costo de oportunidad del incremento de sueldo de la presidenta implica dejar de destinar recursos públicos para atender otras necesidades del país, sumado a ello, en el contexto de recesión económica, es probable que se generen desafíos fiscales según la política fiscal que adopte el gobierno.
  
  

Econ. Stefani Lizbeth Huamán Chalco